INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL ECUADOR EN LA SESIÓN PLENARIA OFICIAL  

Señor Primer Ministro,

Señor Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,

Distinguidos jefes de delegación,

Estimados colegas y aliados de la sociedad civil y del sector privado:

En esta era digital, el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la intensa interacción de las personas en el ciberespacio están transformando radicalmente la sociedad contemporánea, dinamizando el crecimiento económico y ofreciendo nuevas formas de conexión a nivel global.

Sin embargo, es menester considerar que este proceso de digitalización y modernización cibernética ha traído consigo el desarrollo de nuevas actividades delictivas que han adaptado sus prácticas ilícitas al ciberespacio, donde operan individuos y grupos criminales organizados, que tienen amplio alcance y margen de acción.  Este fenómeno, conocido como ciberdelincuencia, explota las vulnerabilidades de redes, infraestructuras y sistemas informáticos.  Asimismo, provoca repercusiones económicas y sociales significativas a nivel mundial, afectando a gobiernos, empresas y particulares, incluidos niños, niñas y adolescentes, que utilizan medios electrónicos para diversas actividades.

La lucha contra este mal del presente constituye una cuestión de gobernanza, de derechos humanos y de desarrollo sostenible. Se trata, en esencia, de una cuestión de seguridad humana que requiere de marcos jurídicos claros, de capacidades institucionales fuertes y de una cooperación que trascienda intereses coyunturales para concentrarse en la protección de los ciudadanos—especialmente de las juventudes—ante las nuevas formas de crimen trasnacional, que hoy se vale de tecnologías, redes y plataformas para reclutar, traficar y coordinar operaciones ilícitas a escala global.

El Ecuador ha marcado una línea de acción: reconocer la ciberdelincuencia como un desafío a la paz y la seguridad.  Es deber del Estado combatirla integrando la prevención y la protección de los derechos humanos en un marco coherente que articule políticas nacionales con compromisos multilaterales.  No concebimos la seguridad como un simple factor de coerción, sino como un proyecto de desarrollo humano que exige educación, inclusión digital y oportunidades económicas para nuestras poblaciones jóvenes.

Celebramos hoy la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, instrumento que reforzará la base normativa para la cooperación internacional, facilitará el intercambio de información, la asistencia técnica y la capacidad de respuesta ante incidentes transnacionales.  Su éxito dependerá de su implementación al nivel nacional, de la armonización de marcos jurídicos y de la construcción de capacidades técnicas en todos los países, considerando los retos inherentes a los países en desarrollo que, como el Ecuador, necesitan innovar y proteger a las comunidades al mismo tiempo.

No nos referimos a simples “bandas locales”, sino a redes y cadenas logísticas transnacionales que mueven drogas y generan violencia y explotación a gran escala. El narcotráfico moderno se entrelaza con la ciberdelincuencia: desde la financiación y la operación de redes hasta el fraude digital que facilita la corrupción y socava la confianza institucional.  El Ecuador ha adoptado medidas decisivas para salvaguardar a sus ciudadanos y fortalecer la seguridad pública, sin renunciar a la defensa de derechos y libertades fundamentales.

El Ecuador registra importantes avances en esta dura lucha contra el crimen transnacional organizado y el narcoterrorismo, expresados en la incautación de volúmenes significativos de sustancias ilícitas; la intensificación de la cooperación internacional para operaciones conjuntas; y, la adopción de políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia juvenil y la desincentivación de la participación de jóvenes en redes delictivas.

Somos conscientes de que la respuesta no reside únicamente en el aparato judicial o en la fuerza policial: ésta estriba en una estrategia integral que combine capacidad de inteligencia, gobernanza de tecnologías y marcos de protección de derechos.

En el plano regional, hemos impulsado iniciativas para robustecer la cooperación en seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional.  La acción conjunta debe incluir intercambios de información, capacidades técnicas y cooperación en materia de justicia penal y extraterritorialidad cuando sea necesaria, siempre dentro del marco del derecho internacional y del respeto a la soberanía de los Estados.  La convicción del Ecuador es que, para enfrentar el fenómeno global de la ciberdelincuencia, no basta con endurecer leyes; se requiere inteligencia compartida para recopilar, analizar y procesar información, inversión en capacidades y un marco ético que guíe el ejercicio.

Este momento histórico demanda una revisión de nuestras estructuras de cooperación. La Convención que hoy se suscribe representa un pacto político y práctico para construir capacidades: desde la formación de policías cibernéticas y fiscales especializadas, hasta la creación de centros regionales de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, que puedan responder con rapidez y eficiencia ante amenazas transnacionales. Debemos asegurar que estos mecanismos cuenten con recursos suficientes, con tecnología adecuada y con un la asistencia técnica y el financiamiento necesario.

El multilateralismo debe responder a las realidades de los pueblos y a las nuevas amenazas, ante lo cual proponemos un enfoque inclusivo y representativo que confiera voz a los países en desarrollo y que apunte tanto a la reducción de brechas en acceso a tecnología como al incremento de la capacidad institucional y los recursos.

La seguridad de nuestras ciudades y de nuestras infraestructuras críticas depende de capacidades que deben fortalecerse con inversiones sostenibles y con una cooperación internacional que no ponga obstáculos a la innovación, sino que la canalice según los valores e intereses compartidos de los Estados Miembros de la Organización.

En el frente interno, seguimos priorizando programas de prevención social que reduzcan la vulnerabilidad de jóvenes y comunidades ante el crimen organizado y el narcoterrorismo. La inversión en educación cívica, alfabetización digital y oportunidades de empleo resulta fundamental para ofrecerles un horizonte y disuadir la atracción de redes ilícitas.

El Ecuador está convencido de que la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia nace con la legitimidad internacional suficiente para propiciar que los Estados, el sector privado, la academia, la sociedad civil y otros actores relevantes, unifiquen sus esfuerzos en combatir estas prácticas delictivas de alcance transnacional.

El Ecuador reafirma su compromiso con el multilateralismo reformado, que sea más inclusivo, más representativo y eficaz ante los retos de nuestro tiempo. A la luz de esta  Convención, trabajaremos juntos para materializar este marco normativo en una realidad operativa, eficiente y humana.

Gracias.